La administración de Clara Brugada presentó una propuesta de reforma constitucional para limitar el incremento anual de las rentas en la Ciudad de México. La medida plantea que los precios de arrendamiento habitacional no puedan subir por encima de la inflación reportada por el INEGI.
Con ello, el gobierno capitalino aplazó la presentación de la anunciada Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta que había sido planteada meses atrás tras las protestas relacionadas con la gentrificación en distintas zonas de la capital.
¿Qué plantea la reforma sobre las rentas en CDMX?
El proyecto busca modificar el artículo 9 de la Constitución local para establecer nuevas reglas en materia de vivienda y arrendamiento.
Entre los puntos centrales destacan:
- Tope al aumento anual de rentas, ligado únicamente al índice inflacionario.
- Creación de una política pública para ampliar la oferta de vivienda social y asequible.
- Adquisición de suelo para fortalecer la reserva territorial de vivienda.
- Implementación de medidas contra la gentrificación.
- Reconocimiento del derecho al arraigo comunitario y territorial.
Además, la propuesta contempla la creación de una institución pública especializada en conflictos entre arrendadores e inquilinos, con funciones de mediación, orientación y defensa jurídica.
La Ley de Rentas Justas queda pendiente
Aunque la reforma constitucional ya fue presentada, la iniciativa de Ley de Rentas Justas todavía no tiene fecha definida para ingresar al Congreso local.
La jefa de Gobierno explicó que primero se busca establecer una base constitucional antes de avanzar hacia una legislación secundaria más amplia.
El calendario legislativo también influirá en los tiempos de discusión, ya que el Congreso de la Ciudad de México retomará actividades ordinarias hasta septiembre, salvo que se convoque a un periodo extraordinario.
Gobierno descarta afectaciones a propietarios
Durante la presentación del proyecto, Brugada sostuvo que la reforma no pretende afectar la propiedad privada ni intervenir sobre los derechos de los dueños de inmuebles.
La administración capitalina adelantó que, una vez presentada la futura ley de rentas, podrían incorporarse mecanismos adicionales para supervisar contratos de arrendamiento y hacer cumplir los límites establecidos.
También se reconoció que existe un alto nivel de informalidad en el mercado de renta de vivienda en la capital, situación que impacta tanto a propietarios como a inquilinos.
Otro de los ejes planteados por el gobierno capitalino es incentivar mayor inversión pública y privada para aumentar la disponibilidad de vivienda y atender la presión inmobiliaria en distintas zonas de la Ciudad de México.